NewzLa Secretaría de Justicia de la Fuerza del Pueblo (FP) acusó este miércoles al Gobierno de crear una crisis de confianza e incertidumbre legal mediante el desacato a sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y el uso de su mayoría en el Congreso Nacional para aprobar o modificar leyes en función de intereses coyunturales e, incluso, de situaciones particulares.Durante el acto de presentación oficial de la Secretaría de Justicia del partido y del informe preliminar “Estado de Derecho, Sistema de Justicia y Dignidad Humana en la República Dominicana”, la organización opositora sostuvo que el país atraviesa una "crisis de confianza" provocada por una práctica legislativa que calificó de "reactiva, improvisada y subordinada" a la agenda del Poder Ejecutivo.Hotoniel Bonilla García es el titular de esa secretaría y fue quien habló este miércoles.La FP afirmó que la mayoría oficialista en el Congreso ha permitido impulsar reformas legales que, a su juicio, responden a decisiones previamente adoptadas por el Gobierno, lo que —aseguró— debilita la institucionalidad, genera inseguridad jurídica y afecta la confianza de los ciudadanos y de los sectores productivos. Bonilla afirmó que durante los últimos años el Gobierno ha impulsado modificaciones sucesivas a importantes leyes nacionales, muchas de ellas poco tiempo después de haber sido aprobadas o para responder a intereses específicos, situación que aseguró, ha provocado una creciente inestabilidad normativa.Entre los ejemplos citó las modificaciones a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, la legislación sobre fideicomisos públicos, la Ley 66-23 para la extensión del contrato de concesión de los aeropuertos, las reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y las recientes modificaciones al Código Penal. Te puede interesar Fuerza del Pueblo entrena a sus secretarías para reforzar oposición con datos económicos Desacato de sentenciasEntre los casos citados, mencionó las modificaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, la aprobación de la ley sobre fideicomisos públicos, la Ley 66-23 que permitió extender el contrato de concesión de los aeropuertos, las reformas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y los cambios introducidos al Código Penal antes de su entrada en vigor.La organización también denunció que el Gobierno desacata la sentencia TC/1003-2023 del Tribunal Consti…
Summary from source