NewzEl gobierno de Donald Trump anunció fuertes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), lo que supone una importante escalada en su intento por “desmantelar” a una institución que considera “rebelde”. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que las medidas, que incluyen la prohibición de que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI, tenían como objetivo “defender la soberanía de Estados Unidos” y acusó al tribunal de intentar enjuiciar a ciudadanos estadounidenses. La CPI afirmó que estas medidas constituían un ataque contra el estado de derecho y los fundamentos del orden jurídico internacional.
El anuncio se produjo horas después de que la exjueza de la CPI, Navi Pillay, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. Estados Unidos ya ha penalizado a 17 jueces y funcionarios de la CPI, pero esta medida sanciona a la propia institución y pretende colapsar su capacidad para operar financieramente. Sin embargo, Estados Unidos le concedió un período de gracia de seis meses antes de que entren en vigor algunas de las últimas sanciones, lo que significa que los Estados miembros pueden seguir pagando por sus operaciones.
Esta medida, según Washington, busca dar tiempo a los países para negociar una “solución que aborde” las preocupaciones estadounidenses. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó la decisión de Estados Unidos como “un duro golpe para nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional, de la cual la CPI es un pilar fundamental”. Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón y Países Bajos reafirmaron su “apoyo continuo e inquebrantable” a la CPI y dijeron que “lamentan y discrepan profundamente” de las sanciones.
También elogiaron al personal del tribunal por su labor para llevar ante la justicia a “los acusados de los crímenes internacionales más graves”, así como por el apoyo brindado a las víctimas. Los casos en la CPI La CPI se fundó en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Varios países permanecen fuera de la CPI, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China, India e Israel.
El gobierno deTrump sostiene que la CPI está dirigida por lo que denomina globalistas que amenazan la soberanía estadounidense. Y está furioso por una investigación pasa… Lima, 9 oct (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú informó este viernes que envió a los jurados electorales especiales (JEE) de Lima más de 1.800 actas de votación que deberán ser revisadas para determinar al ganador de las elecciones para la alcaldía de la capital peruana en el período 2027-2030.La ONPE señaló que, tras haber culminado el procesamiento del sufragio realizado el pasado domingo, remitió a los JEE "todas las actas que no pudieron contabilizarse porque fueron objeto de una observación o contienen una solicitud de impugnación o nulidad".
Según la información, los JEE empezaron a evaluar los casos y hacia el mediodía de este viernes eran 1.886 las actas observadas en Lima pendientes de resolución, que comprenden unos 400.000 votos en total.Con el 92,843 % de las actas ya contabilizadas, López recibe hasta el momento el 27,706 % de los votos, equivalentes a 1.446.405, mientras que Allison llega al 26,838 %, con un total de 1.401.070 sufragios.El tercer lugar es ocupado, ya sin opciones de revertir el resultado, por el también derechista Carlos Bruce, quien recibe el 15,092 %, equivalente a 787.849 votos. De esa manera, la disputa por la alcaldía de Lima sigue sin definirse cinco días después de la celebración de los comicios, ya que la ventaja de López sobre Allison es de solo 45.335 votos. La ONPE informó que, tras la revisión de las actas por los JEE, las resoluciones son enviadas nuevamente para que ejecute lo dispuesto, aunque las que sean apeladas pasarán al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá tomar una decisión definitiva en cada caso.La elección a la alcaldía de Lima ha estado desde un inicio envuelta en una gran polémica por la pretensión de López, quien fue elegido burgomaestre capitalino en 2023 pero renunció al cargo en octubre del año pasado para postular a la presidencia de Perú, de buscar un nuevo mandato consecutivo, que prohíbe la Constitución.El empresario y político ultraderechista quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.Para ello, se presentó en el número dos de la lista de su partido, Renovación Popular, pero luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo edil de manera indirecta, en lo que fue considerado por diversos expertos como un in…
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