NewzEl desahucio de María del Carmen Abascal ha tocado una fibra sensible entre los españoles enojados por el aumento de los precios de la vivienda.Las manifestaciones que estallaron luego de que la policía derribara la puerta de una mujer de 87 años en Madrid para desalojarla del piso donde había vivido la mayor parte de su vida llevaron la crisis de vivienda y asequibilidad de España al primer plano de la política del país el jueves.Miles de manifestantes salieron a las calles en todo el país el miércoles en medio de la indignación por el desahucio de María del Carmen Abascal, quien fue sacada de su piso en una camilla por aparente agotamiento y seguía en el hospital hasta el jueves por la tarde.El desahucio ha tocado una fibra sensible entre los españoles enojados por el aumento de los precios de la vivienda, y ha aumentado la presión sobre el líder del gobierno de izquierda de España, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, quien el año pasado prometió que la vivienda sería la prioridad de su gobierno.El desalojo de Abascal desató una nueva ronda de acusaciones políticas, en la que los políticos progresistas culparon a los conservadores, mientras que los conservadores restaron importancia al caso y acusaron a sus oponentes de agitar a las masas.El desahucio ocurrió mientras Sánchez hablaba en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y buscaba presentarse a sí mismo y a España como una alternativa a las políticas autoritarias y como un abanderado del liberalismo humano. En un discurso el miércoles por la mañana, junto al alcalde Zohran Mamdani de Nueva York, Sánchez destacó las políticas sociales de su gobierno, incluidas las restricciones a los desalojos.El revuelo por el desahucio persiguió a Sánchez hasta Nueva York, donde la primera pregunta que enfrentó en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde fue sobre la situación de Abascal. Su gobierno, dijo, daría una "respuesta" a lo que llamó una "tragedia social".Mientras se llevaba a cabo el desalojo, cientos de activistas se habían atrincherado afuera de la casa de Abascal, conocida como "Maricarmen", en un intento por evitarlo, que al final resultó infructuoso."¿Dónde está el gobierno progresista?", coreaban los manifestantes afuera de la casa de Abascal."Realmente no entiendo cómo es posible que el gobierno no pueda hacer nada", dijo en una entrevista la abogada de Abascal, B…
Madrid, 24 sep (EFE).- El desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años expulsada de la vivienda de renta antigua en la que vivió durante siete décadas en Madrid, no es un episodio aislado. Su caso evidencia la vulnerabilidad de miles de hogares en muchas ciudades españolas, mientras las comunidades autónomas impulsan —con alcance desigual— distintas medidas para intentar paliar la situación.La diversidad de respuestas autonómicas muestra que no existe una única fórmula. Algunas comunidades centran sus políticas en ayudas directas al alquiler; otras refuerzan la mediación hipotecaria o con los propietarios, amplían su parque público, conservan indefinidamente la protección de las viviendas protegidas (VPO) o habilitan alojamientos de emergencia.Sin embargo, el caso de Maricarmen pone de manifiesto el límite de estas herramientas cuando llegan tarde o no se traducen en una alternativa residencial estable.A continuación, algunos casos y medidas adoptadas por comunidades autónomas que han recopilado las delegaciones de la Agencia EFE.Asturias apoya su política en el parque público de alquiler de Vipasa (Viviendas del Principado de Asturias).
El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, asegura que las familias vulnerables pueden mantener su vivienda pública si hay una "colaboración mínima" por su parte cuando existe una situación de impago.El modelo ha sido cuestionado tras el desahucio de una mujer y su hija menor de un piso de Vipasa, denunciado por el Sindicato de Inquilinas. La empresa pública sostiene que la vivienda, adjudicada en 2019 por emergencia social con una renta de 67 euros mensuales más la cuota de comunidad, acumulaba desde 2021 impagos voluntarios pese a la intervención social y a varios intentos de acuerdo.El parque público asturiano suma 10.370 viviendas, todas destinadas al alquiler. El Principado ha licitado o adjudicado 600 viviendas durante la legislatura, prevé sacar otras 800 y aspira a alcanzar 15.000 inmuebles públicos en un horizonte de diez años.En Palma, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca ha llevado este jueves al pleno municipal el caso de Pilar, una mujer de 65 años con incapacidad laboral que fue desahuciada hace unos meses tras la compra de su edificio por un fondo de inversión y la rescisión de su alquiler.Con una prestación de 480 euros, no ha podido acceder ni a una habitación y, según la plataforma, …
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