Sesenta y un días después de su última aparición pública, Daniel Ortega regresó el 19 de julio al escenario político con un discurso que provocó una de las mayores condenas internacionales de los últimos años. Durante el acto por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe de Managua, el dictador declaró que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, en referencia a la oposición política, a la que acusó de responder a intereses de Estados Unidos y de sectores somocistas. En la misma intervención anunció que coordinaría con la Asamblea Nacional la construcción de un “muro” legal para impedir que esos sectores regresaran al poder por la vía electoral.Aplausos y condenasLa frase fue recibida dentro del acto con aplausos de miles de simpatizantes sandinistas.
Sin embargo, apenas comenzó a circular el video íntegro del discurso, las reacciones trascendieron rápidamente las fronteras de Nicaragua. Gobiernos, organismos internacionales, dirigentes políticos y organizaciones de derechos humanos interpretaron las palabras de Ortega como el reconocimiento explícito de que su administración abandonaba incluso la apariencia de celebrar elecciones competitivas.Las primeras respuestas llegaron desde Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la declaración demostraba “la cobardía y el miedo a la voluntad del pueblo” por parte de Ortega y Rosario Murillo.
Añadió que ambos gobernantes habían abandonado incluso la apariencia de contar con respaldo popular y llamó a la comunidad internacional a actuar de manera conjunta frente al régimen.La Organización de los Estados Americanos también reaccionó con rapidez. Su secretario general, Albert Ramdin, sostuvo que las declaraciones únicamente oficializaban una realidad que las actuaciones del régimen ya venían mostrando desde hacía años: el abandono de la democracia y hasta de su apariencia formal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó las palabras de Ortega como incompatibles con los principios de la democracia representativa y afirmó que confirmaban la consolidación de un régimen autoritario caracterizado por la supresión de derechos y libertades.Al día siguiente se sumó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las concesiones mineras a cielo abierto en Nicaragua para empresas chinas llegaron a 17 este viernes, luego de que el régimen de Daniel Ortega adjudicara dos nuevos lotes a firmas con representación china en Managua, según publicó el Diario Oficial La Gaceta. La información fue difundida por la agencia EFE. Una de las concesiones recayó en Norther Mining Company S.A., representada por el ciudadano chino Bao Jiang, residente en Nicaragua.
El lote, denominado La Minita, abarca 18,666 hectáreas distribuidas entre los municipios de Nueva Guinea, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y El Almendro, en el departamento de Río San Juan. La segunda concesión fue para Nicaragua Jia Run S.A., cuyo representante es el ciudadano chino Mingshan Ding. El lote Nueva Esperanza comprende 4,442 hectáreas en los municipios de Somotillo y Villanueva, en la provincia noroccidental de Chinandega.El trasfondo: sanciones de Washington y respuesta de ManaguaLas dos adjudicaciones se producen en un contexto de escalada de presión estadounidense sobre el sector aurífero nicaragüense.
A mediados de abril, el Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Ortega y su copresidenta Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro. La respuesta del régimen fue acelerar la entrega de concesiones a capitales chinos. Según la ONG ambientalista Fundación del Río, el Ejecutivo modificó el marco jurídico del país “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas” y así sortear las restricciones del Tesoro estadounidense.
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