NewzLa renovación del Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030 mantiene pendiente la definición de una de las dos bancas correspondientes al ámbito académico y científico. El proceso quedó suspendido por una medida cautelar dictada por el juez federal Ariel Lijo, que continúa vigente aunque fue apelada y actualmente se encuentra bajo revisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE). En paralelo, ante ese mismo tribunal se tramita un recurso extraordinario presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para discutir una cuestión previa: si el expediente debe permanecer en la Justicia Electoral o trasladarse al fuero Contencioso Administrativo Federal.Detrás de esa secuencia procesal hay una controversia concreta: cómo debe elegirse al profesor universitario que ocupará durante cuatro años una de las representaciones académicas dentro del Consejo.
El organismo, presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, está compuesto por 20 integrantes provenientes del Poder Judicial, la abogacía, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el sector académico y científico. En la integración actual, las dos bancas de este último estamento corresponden a Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, cuyo mandato concluye con la renovación en curso.La ley prevé mecanismos diferentes para reemplazarlos. Una de las representaciones corresponde a una persona de reconocida trayectoria y prestigio académico o científico, escogida directamente por el CIN con una mayoría de dos tercios.
Para el próximo período, el organismo universitario ya eligió a Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, como titular, con Galderisi como suplente. La decisión fue adoptada durante el 95° Plenario de Rectoras y Rectores realizado el 27 de marzo, la misma reunión en la que se renovaron las autoridades del CIN y se dispuso iniciar, por separado, el procedimiento para cubrir la otra banca académica.Ese segundo lugar se rige por otra regla. La Ley 24.937 -de 1997- establece que debe corresponder a un profesor titular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales, “elegido por sus pares” y encarga al CIN la confección del padrón y la organización de la elección.
Es precisamente la interpretación de esa fórmula -“elegido por sus pares”- la que terminó llevando el proceso a los tribunales.El planteo de Vergara y GelpiLa causa comenzó el… La cobertura de vacantes, los criterios para seleccionar magistrados y los controles sobre los jueces concentran parte del debate sobre el funcionamiento de la Justicia. En la antesala de las elecciones del 20 de octubre para renovar la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, Alberto Biglieri reclamó cambios para reducir las demoras y recuperar la confianza de la sociedad en el Poder Judicial.Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el abogado, candidato de la lista tres, advirtió sobre el impacto de los cargos sin cubrir en la actividad de los tribunales y defendió una mayor transparencia en los concursos.
“Cada juez que no se designa es una vacancia que hace que haya dos o tres juzgados a cargo de un juez y esto demora todo”, sostuvo.Las vacantes judiciales y las demoras en las designacionesBiglieri diferenció las responsabilidades del Consejo de la Magistratura de las que corresponden al Poder Ejecutivo y al Senado en el nombramiento de jueces. Según explicó, parte de las demoras se produjo después de que el organismo completara los concursos y elevara las ternas de candidatos para cubrir los cargos.Como ejemplo, mencionó los pliegos judiciales tratados recientemente en el Senado y señaló que algunas ternas habían sido conformadas años atrás. “En estas tandas que sacaron en la semana pasada, hubo casi 170 pliegos; la anterior había ternas conformadas en 2018.
O sea, el Consejo se tomó el trabajo de hacer los exámenes y demás”, afirmó.El abogado atribuyó parte de las demoras a un “cuello de botella” entre el Ejecutivo y el Senado. También cuestionó la gestión inicial del Gobierno de Javier Milei en esta materia y destacó las medidas que, según dijo, se impulsaron posteriormente para destrabar las designaciones.Para Biglieri, las consecuencias exceden los procedimientos administrativos: la falta de magistrados titulares obliga a distribuir causas entre otros juzgados y puede prolongar la resolución de los expedientes. “La justicia lenta no es justicia”, resumió.El candidato advirtió sobre los efectos de los procesos que se extienden durante décadas.
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